Recorte de subvenciones a coches eléctricos, ¿condena y estocada o demanda real?

El nuevo ajuste de los Presupuestos Generales del Estado ha afectado a innumerables ministerios y proyectos que hasta ahora se consideraban como necesarios. La partida destinada a incentivar la compra de coches eléctricos ha sido una de las que ha sufrido con más virulencia la tijera del recorte. Concretamente, el ministro de Industria va a aplicar una reducción del 87,5% de los fondos hasta ahora destinados a incentivar el coche eléctrico.  Así se pasará de los 80 millones hasta ahora consignados a 10. La pregunta es clara, ¿supone esto una condena definitiva para el avance de los eléctricos en España o simplemente no hay ni habrá mercado por ahora en nuestro país para este vehículo avanzado?
 

El Gobierno fundamenta su recorte en que actualmente no hay demanda real del consumidor sobre este tipo de vehículos y no le falta razón ya que el pasado año las matriculaciones fueron escasas. Y es que el alto coste inicial de estos vehículos unido a la falta de puntos de recarga y a su reducida autonomía echa atrás a muchos conductores. Sin embargo, también es cierto que el mercado ha mejorado mucho en el último año y ahora los vehículos tienen más autonomía, se ha reducido algo el precio y sobre todo el imparable aumento de la gasolina ya hace pensar a los conductores sobre su idoneidad. Ahora todo ese trabajo se irá al traste si la subvención como herramienta de bajar el alto precio e incentivar la compra desaparece o se reduce a límites similares. No es una cuestión puramente ideológica de acabar con la apuesta de las tecnologías limpias sino también económica en relación al parón sobre un sector pujante.


El varapalo a los eléctricos llega cuando el impulso del mercado es evidente, poco a poco, la firmas automovilísticas han asumido que el motor eléctrico es el futuro y más tal y como está y estará el petróleo. 100% eléctricos o híbridos. un buen ejemplo de ello es Renault que ha puesto en marcha su primer vehículo eléctrico, el Twizy que además se fabrica en su planta de Valladolid. También el de Litle Electric Cars, una empresa gallega que se ha lanzado a la producción de este tipo de vehículos. 


Por su parte, el argumento gubernamental tiene sentido y sería razonable si una vez se acaban esos fondos (10 millones) por la demanda de compradores, las ayudas se prolongan y se aumentan en cantidad total. Es decir que no se acaban y se prolongan. Y es que si el mercado comienza a tirar de verdad en forma de un destacable aumento de ventas (hasta ahora no producido) y no se aumenta esta partida una vez se hayan agotado los exiguos 10 millones el eléctrico en España estará realmente enterrado al menos por unos años y el trabajo de concienciación realizado irá a la basura.

Las autopistas de peaje acechan a las CCAA y a los conductores

Si hay algo por lo que los ciudadanos catalanes siempre se suelen quejar es por los numerosos peajes existentes en sus carreteras y por el hecho de que en el resto de autonomías no haya tantos ni por asomo, dado que la mayoría de las autovías son públicas. Pues bien en la actualidad las cosas pueden cambiar y esa envidia sana de los ciudadanos de Cataluña quedar en nada por las nuevas políticas de ajuste económico.

Los presupuestos no cuadran y comunidades autónomas y Gobierno buscan alternativas para cuadrar las cuentas por lo que hay que encontrar ingresos donde sea y recortar gastos al máximo. La instauración de peajes es una de las soluciones que están barajando seriamente los gestores públicos tanto para la creación de nuevas vías como para el mantenimiento de algunas.

En otros países la situación económica ya ha llevado a tomar la medida del peaje. Portugal es el ejemplo más cercano en donde se ha adoptado peajes en autovías públicas. Por ello parece evidente que la medida no va a tardar a llegar a España después de las últimas noticias sobre el aumento del déficit público y las exigencias de la UE. La filosofía es sencilla; es un pago justo porque paga quien lo usa.

La otra vía que se propone es el modelo clásico impulsado ya por varias regiones. La privatización directa de las nuevas autovías a cambio de su construcción. Es decir la empresa adjudicataria la hace y posteriormente la explota libremente cobrando a los usuarios. Esta fórmula vuelve a estar en boga después del fracaso del modelo del peaje en sombra (la CCAA pagaba a la constructora que hace la vía en función del tráfico recibido) por la cada vez más abultada deuda de las administraciones y su incapacidad para afrontar los pagos a tiempo. Obras medio paradas por la falta de pago en varias CCAA son la prueba de que el modelo está condenado hasta que haya liquidez.

El último escollo pasa por el quizá próximo necesario rescate a las empresas que gestionan autovías actualmente de peaje y que reclaman ayuda pública para poder mantener su actividad, de lo contrario abandonarán las infraestructuras y el Estado deberá asumir de golpe su mantenimiento. Esa es la demanda de estas firmas cuyo problema aún no se sabe como se va a resolver.